(exponemos en este bloque las más recientes opiniones)
UNA OPORTUNIDAD PERDIDA (editorial de Los Tiempos)
La intención de penalizar las campañas a favor del voto en blanco o nulo implicaría una grave vulneración de principios básicos de la democracia
Pese a los reiterados pedidos para que la reforma del Órgano Judicial sea profunda y trascienda los intereses de corto plazo, la forma en que se ha habilitado a los postulantes a ese poder responde a una visión sectaria y utilitaria, que impedirá consolidar la independencia de la justicia y su funcionamiento bajo criterios de idoneidad profesional, oportunidad, equidad y defensa del bien común que garanticen la pacífica convivencia ciudadana.
Se lo ha hecho –como han indicado incluso viejos aliados del propio partido de Gobierno-- sin ser consecuentes con los planteamientos que durante la Asamblea Constitucional sus representantes postularon y, finalmente, lograron: plasmar en la nueva Constitución Política del Estado (CPE) la elección mediante voto popular de las máximas autoridades del Órgano Judicial. Esta propuesta respondía a la idea, bastante simplista, de que sólo una elección popular sería garantía suficiente para eliminar ese ámbito de la contaminación político-partidaria que tanto daño ha hecho a su institucionalización.
Pero, como dice el dicho, “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones” y una cosa ha resultado siendo la norma y otra el mecanismo para aplicarla a la realidad. Así, en un interesante proceso de autoconvencimiento retórico, lo que el MAS ha logrado con esta actitud es mantener la atribución del sistema político-partidario de definir la composición del Órgano Judicial pues, por el procedimiento adoptado, la ciudadanía podrá votar sólo por quienes aquél ha decidido previamente.
Es decir, al establecer que sea la Asamblea Legislativa la que habilite a quienes pueden postular al Órgano Electoral, es el sistema político-partidario el que asume esa atribución. En las circunstancias actuales y dada su amplia mayoría en la Asamblea, se ha habilitado a los postulantes que el MAS ha decidido y se lo ha hecho al mejor estilo autoritario tradicional; es decir, sin escuchar ni, menos, acoger sugerencias provenientes de diversos sectores de la sociedad. Así, han vulnerado el espíritu reformista que prevaleció en la Constituyente y se ha remozado, eso sí, la capacidad del sistema político para conformar el Órgano Judicial, con la ventaja adicional –frente al viejo sistema- de que esa su actuación será avalada por la ciudadanía mediante el voto.
Además, si nos atenemos a declaraciones de importantes autoridades del Estado advirtiendo que impulsar campañas a favor del voto en blanco o nulo podría ser penalizado, también se estaría intentando limitar la capacidad deliberativa de la gente, afectando peligrosamente la esencia de la democracia.
Así las cosas, sólo queda la esperanza en que las autoridades del Órgano Judicial que sean elegidas entiendan la dimensión de su desafío y actúen conforme a lo que manda la CPE y la ley, y no la consigna político-partidaria, única posibilidad que negaría la sensación prevaleciente de que una vez más se frustra una oportunidad –como pocas en nuestra historia- de reformar este Órgano con visión de largo plazo. De no ser así, tendrán que crearse nuevas condiciones –ampliamente democráticas-- para que el país finalmente pueda cumplir esa tarea inconclusa desde nuestra fundación.
VOTO NULO?
Cayo Salinas. Abogado
Sabíamos que la elección de candidatos para ocupar los puestos en los tribunales de justicia iba a terminar con el predominio del partido de Gobierno.
Primaron los 2/3 que el MAS ostenta en votación parlamentaria y ante ello muy poco puede cuestionarse. Me explico. No sería serio ni consecuente poner en duda la legitimidad y legalidad del 66 por ciento o lo que es lo mismo, los 2/3 que el MAS detenta en la Asamblea Legislativa, cuando en democracia se exige ese porcentaje de votación para garantizar el respeto a la mayoría y a los consensos. Muchos ciudadanos hicimos causa común –incluso mediante la huelga de hambre-- por la defensa y respeto de los 2/3 en la Asamblea Constituyente considerando que ése era un derecho y no una concesión. En aspectos trascendentales que tienen que ver con la funcionalidad del Estado y con la adopción de políticas relacionadas con el bien común, no existe otro camino que asumir el voto de los 2/3 como referente innegociable de la democracia. En ese contexto, no caben las simples mayorías o la mayoría absoluta, cabe y definitivamente un caudal de votación que acredite un nivel de consenso más allá del 51 por ciento. Y es que no debe perderse de vista que los 2/3 no sólo cuentan cuando la fuerza política predilecta no los ostenta, también cuentan cuando la detenta la contraria. ¿Por qué los 2/3 del MAS en la Asamblea Legislativa son rodillo, son ilegales y no constituyen pluralismo alguno y por qué antes cuando el MAS no tenía el 66 por ciento sí se exigía para ciertos asuntos se alcancen acuerdos con ese porcentaje?
Lo cierto es que de manera legítima y legal, gracias al voto de la gente y más allá de las dudas que persisten respecto a la existencia de irregularidades en el manejo de la votación por ex funcionarios de la CNE, el partido de Gobierno es poseedor de los 2/3 de la Asamblea Legislativa y ése es un hecho irrefutable, así no guste a muchos. Recuérdese que el grado de legitimidad y legalidad de los 2/3 del MAS en la Asamblea tienen como responsables a los ciudadanos que optaron por esa sigla ejerciendo el día de la votación el derecho de elegir al candidato de su predilección. A la democracia hay que respetarla y quererla no solamente cuando los vientos nos favorecen, también cuando fuertes brisas soplan en sentido contrario y cuando otros detentan la legitimidad del poder y su ejercicio.
Lo que anoto de ninguna manera pretende avalar la forma cómo se condujo el proceso de elección de precandidatos judiciales. Siendo este tema tan vital para el futuro del país, lo menos que el caso aconsejaba era la celebración de un gran acuerdo nacional como el que dio vida al primer Tribunal Constitucional de Bolivia, cuyos integrantes gozaban de credibilidad, apartidismo y probado prestigio profesional. Si bien hoy sería un despropósito mellar la dignidad de los elegidos, la forma cómo lo fueron ya generó cuestionamientos respecto a la existencia de lazos de orden partidario que pudieran haber motivado la designación, precisamente porque el que más eligió fue el MAS gracias a sus 2/3. Por eso, el Gobierno equivocó el camino a la hora de imponer su gran mayoría, y por ello salen varios de sus interlocutores preocupados por la fuerza que va tomando el voto nulo, más allá de las advertencias de inicio de procesos legales. En definitiva, nadie puede objetar la legalidad de los 2/3 del MAS en la Asamblea. Lo que sí se puede es lamentar que, una vez más, la justicia haya sido lo último a ser tomado en cuenta.
El autor es abogado
El autor es abogado
El voto nulo Manifestación de Voluntad
Marcelo Gonzáles Yeksic - abogado
Antes una aclaración. Este artículo fue escrito por una persona individual y no debe ser interpretado como una campaña o propaganda electoral a favor o en contra de uno o varios de los 118 candidatas o candidatos a magistrados de los máximos tribunales del Órgano Judicial que fueron seleccionados el pasado jueves; por tanto, sólo pretende exaltar el derecho ciudadano a la libre definición del voto, de acuerdo con las opciones que establece la ley. Y precisamente el capricho oficial para limitar este derecho es que llamó la atención de la Organización de Estados Americanos (OEA) que no tardó en expresar públicamente su preocupación y sus legítimas dudas por la prohibición de las campañas por el voto nulo y que está tratando de penalizar el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Algo que tendría que tener presente la misión observadora de la OEA es que en Bolivia la ley vigente indica que el electorado (todos y cada uno de los electores, hombres y mujeres) puede manifestar su voluntad mediante tres tipos de voto, a saber: válido, blanco o nulo (Art. 161, parágrafo I, LRE); y bien lo sabe el TSE, porque también el electorado sabe mejor que tiene la obligación de participar en el proceso del 16 de octubre y el derecho de elegir a uno o varios de los 118 candidatos, pero si ninguno de estos es de su predilección, entonces puede libremente optar por un voto blanco o un voto nulo.
En un Estado de Derecho resulta legal y legítimo convocar al electorado a participar de la elección y elegir, mejor si en este proceso se respetan los derechos constitucionales de todos y de quienes disientan y manifiesten voluntariamente que se puede votar en blanco o anular el voto.
Si el propósito inmediato del TSE es penalizar a quienes incentiven el voto nulo o el blanco, la institución se estaría colocando en un escenario muy alejado de los límites que la ley le ha impuesto, contaminando así su imagen con una práctica absolutamente antidemocrática, por lo que de materializarse esta prohibición y su consiguiente penalización en normas jurídicas reglamentarias sería una señal que el totalitarismo marcha a paso firme en Bolivia.
Pero los ciudadanos sensatos ya han notado a leguas que el proceso electoral de octubre próximo fabricará una de las peores derrotas para el Gobierno, ya que la consigna “voto nulo” está aumentando de poco a mucho entre el electorado boliviano, sin importar siquiera los comentarios de los alarifes del Gobierno que creen que esta campaña está siendo impulsada por la "gente que no ha creído jamás en el proceso de cambio".
Por el contrario, todo parece indicar que el cambio se producirá el mismo domingo 16 de octubre próximo.
En una muestra de sabiduría ya el Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional deberían dar marcha atrás y anular el proceso de selección de candidatos por sus altos niveles de contaminación, manipulación política, vicios y ofensas a la dignidad pública. De persistir el oficialismo en este empeño su fracaso está anunciado y su obstinación sorda simplemente delataría una práctica dictatorial.
Que el Gobierno no tenga miedo, nadie hablará mal ni bien de los candidatos, eso está prohibido por ley; pero de lo que tiene que temer es de las consecuencias por desatender y desdeñar esas señales continuas del descalabro que representa penalizar aquel voto diferente al voto válido. Ojalá no sea la causa de una verdadera rebelión ciudadana, pacífica y democrática que se expresará en las urnas a través del voto nulo. Lo que debe hacer el Gobierno, para evitar su propio Octubre Negro, es recular y ceder en sus dictámenes tan autoritarios a la hora de imponer sus caprichos.
No se debe olvidar que, a veces, el pan se quema en la puerta del horno, y que en el mes de octubre, a veces, se queman gobiernos.
El autor es abogado
fojascero@gmail.com
El autor es abogado
fojascero@gmail.com
La última oportunidad de la Democracia
(Editorial de El Día, SC)
Ha resultado peor de lo que se esperaba el circo montado alrededor de la elección de jueces y magistrados del Órgano Judicial. Al grotesco desfile de militantes del MAS que aspiran a ponerse la toga y el birrete, a la farsa de la selección y las entrevistas, se ha sumado un espectáculo impresentable en el ruedo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se impuso el “planchazo” oficialista gracias al rodillo que le otorga el dominio de los dos tercios del plenario.
Los legisladores del MAS, considerados por el presidente Morales como “su sindicato”, actuaron en función de una consigna ya establecida desde arriba, lo que no permitió ni siquiera poner en común los antecedentes, la preparación y el nivel intelectual de los candidatos. Más que un circo, parecía un remate, en el que los ejemplares se ofrecen en “lote” y se los va marcando a medida que pasan por el brete. Se trata de la mayor degeneración nunca antes vista de un proceso democrático y que supuestamente es histórico a nivel mundial.
Con la aplicación de sus maniobras, el oficialismo acaba de asegurarse por ejemplo, al menos el 60 por ciento de las candidaturas para los tribunales Constitucional y Agroambiental, lo que equivale a decir que 33 de los 56 postulantes a estos órganos judiciales han sido funcionarios de Gobierno, algunos de cuales acaban de dejar sus cargos para habilitarse como candidatos, sin contar por supuesto a otros aspirantes que ya formaban parte del Poder Judicial y que habían sido designados a dedo por el régimen de Evo Morales.
Legisladores del MAS no han tenido empacho en admitir que antes de la votación se produjeron varias reuniones partidarias para consensuar los nombres de los candidatos por quienes emitirían su voto. Esta actitud desdibuja por completo todo el discurso que dio origen a la propuesta de elegir a los jueces por el voto directo, sobre la base de los méritos de los postulantes y no por medio del cuoteo político, que en este caso es simple y sencillamente una decisión totalitaria que los diputados y senadores del oficialismo han tenido que acatar a pies juntillas.
Es después de esta burda manipulación cuando se termina de entender el cerrojo que el régimen pretende ponerle a los medios de comunicación a través de fuertes censuras a la libertad de informar sobre los candidatos, orden que ha sido cuestionada por una delegación de veedores de la Organización de Estados Americanos (OEA) que hasta ahora han estado validando un proceso que ha perdido todo indicio de legitimidad.
Es obvio que frente a este contexto el ciudadano común se queda sin opciones. El día de las elecciones fijadas para el 16 de octubre, no tendrá otra salida más que votar en medio de listas totalmente manipuladas por el Gobierno y en las que no ha tenido la más mínima intervención. La única alternativa que le corresponde por derecho legítimo, es convertir a estos comicios en un plebiscito, tal como lo han señalado ya varias agrupaciones políticas que han decidido impulsar el “voto nulo”, como rechazo a un proceso bastardo, cuyo único fin es facilitarle al MAS el copamiento del Poder Judicial. Esta vendría a ser la única manera de salvar a la democracia de las garras del absolutismo.
Los legisladores del MAS, considerados por el presidente Morales como “su sindicato”, actuaron en función de una consigna ya establecida desde arriba, lo que no permitió ni siquiera poner en común los antecedentes, la preparación y el nivel intelectual de los candidatos. Más que un circo, parecía un remate, en el que los ejemplares se ofrecen en “lote” y se los va marcando a medida que pasan por el brete. Se trata de la mayor degeneración nunca antes vista de un proceso democrático y que supuestamente es histórico a nivel mundial.
Con la aplicación de sus maniobras, el oficialismo acaba de asegurarse por ejemplo, al menos el 60 por ciento de las candidaturas para los tribunales Constitucional y Agroambiental, lo que equivale a decir que 33 de los 56 postulantes a estos órganos judiciales han sido funcionarios de Gobierno, algunos de cuales acaban de dejar sus cargos para habilitarse como candidatos, sin contar por supuesto a otros aspirantes que ya formaban parte del Poder Judicial y que habían sido designados a dedo por el régimen de Evo Morales.
Legisladores del MAS no han tenido empacho en admitir que antes de la votación se produjeron varias reuniones partidarias para consensuar los nombres de los candidatos por quienes emitirían su voto. Esta actitud desdibuja por completo todo el discurso que dio origen a la propuesta de elegir a los jueces por el voto directo, sobre la base de los méritos de los postulantes y no por medio del cuoteo político, que en este caso es simple y sencillamente una decisión totalitaria que los diputados y senadores del oficialismo han tenido que acatar a pies juntillas.
Es después de esta burda manipulación cuando se termina de entender el cerrojo que el régimen pretende ponerle a los medios de comunicación a través de fuertes censuras a la libertad de informar sobre los candidatos, orden que ha sido cuestionada por una delegación de veedores de la Organización de Estados Americanos (OEA) que hasta ahora han estado validando un proceso que ha perdido todo indicio de legitimidad.
Es obvio que frente a este contexto el ciudadano común se queda sin opciones. El día de las elecciones fijadas para el 16 de octubre, no tendrá otra salida más que votar en medio de listas totalmente manipuladas por el Gobierno y en las que no ha tenido la más mínima intervención. La única alternativa que le corresponde por derecho legítimo, es convertir a estos comicios en un plebiscito, tal como lo han señalado ya varias agrupaciones políticas que han decidido impulsar el “voto nulo”, como rechazo a un proceso bastardo, cuyo único fin es facilitarle al MAS el copamiento del Poder Judicial. Esta vendría a ser la única manera de salvar a la democracia de las garras del absolutismo.
La manipulación desdibuja por completo el discurso que dio origen a la propuesta de elegir a los jueces por el voto directo, sobre la base de los méritos de los postulantes y no por medio del cuoteo político, como ha quedado ahora en evidencia.
Roberto Méndez escribe la crónica sobre el pedido de la oposición por la anulación del acto electoral. ED
Tras la selección de los 118 candidatos para las elecciones del 16 de octubre la oposición anunció ayer que hará llegar ante la OEA un recurso de inconstitucionalidad en el que plantea la nulidad del acto electoral.
El diputado Jaime Navarro (UN) informó que presentará ante la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) una copia del amparo constitucional que en días pasados hizo llegar al Tribunal Constitucional en contra de las elecciones judiciales.
Al pedido se sumó ayer Convergencia Nacional que por medio de la diputada Norma Piérola dijo que son muchas las observaciones que han pasado por alto los del Gobierno, el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa Plurinacional aprovechando que son mayoría.
Asimismo, ayer el presidente del Comité pro Santa Cruz, Herland Vaca Díez, le pidió a ese organismo internacional hacer prevalecer la transparencia, mientras que el ex fiscal de Distrito y candidato que quedó fuera del Tribunal Supremo de Justicia, Jaime Soliz, que “no sean mirones de palo” y actúen.
La OEA coincide. La OEA expresó dudas al Tribunal Electoral sobre la libertad de expresión, el derecho al voto nulo y la falta de fiscalización de las elecciones de los máximos magistrados.
La OEA coincide. La OEA expresó dudas al Tribunal Electoral sobre la libertad de expresión, el derecho al voto nulo y la falta de fiscalización de las elecciones de los máximos magistrados.
Las preocupaciones fueron transmitidas al presidente del organismo electoral, Wilfredo Ovando, por el enviado especial de la secretaría general de la OEA, el exministro chileno Enrique Correa.
Ovando no respondió sobre el tema; sin embargo, trabaja un reglamento en el que ingresarán los delegados de la OEA a la fiscalización de los comicios.
El voto nulo rearticula a los opositores
Han anunciado que en el mes de agosto tendrán una “gran reunión para coordinar cómo harán campaña para promover el voto nulo para los comicios”.
3 Meses
faltan para los comicios judiciales del 16 de octubre en el que votarán más de 5 millones de bolivianos.
faltan para los comicios judiciales del 16 de octubre en el que votarán más de 5 millones de bolivianos.
118 Candidatos
a los cuatro estamentos judiciales empezarán a ser revisados a partir de la próxima semana.
a los cuatro estamentos judiciales empezarán a ser revisados a partir de la próxima semana.
CANDIDATOS
Hay funcionarios y afines al Gobierno
Hay funcionarios y afines al Gobierno
OBSERVACIONES Al menos 30 de los 118 candidatos seleccionados por la Asamblea Legislativa, tienen vínculos con el Gobierno, mientras que 36 fueron empleados públicos entre el 2010 y durante esta gestión, dice Página 7.
CÓMO LOS ELIGIERON El periódico La Razón explicó al menos tres formas cómo los asambleístas del MAS recibieron la instructiva sobre por quién deberían votar en el acto eleccionario.
CÓMO LOS ELIGIERON El periódico La Razón explicó al menos tres formas cómo los asambleístas del MAS recibieron la instructiva sobre por quién deberían votar en el acto eleccionario.
El chanchullo judicial
Artículo de Paulovich en su Noticia de Perfil
Después de haber celebrado la efeméride paceña con fervor cívico y buen entusiasmo, mi abnegada protectora Macacha me invitó a Cochabamba, donde ella debería informar a su jefe, el ‘Negrito’ Guardia, acerca de la misión secreta que cumple como espía cochabambina en La Paz.
Agradecí su invitación porque a estas alturas del mes mis bolsillos ya están planchados por falta de ‘fidus’, término popular que ella utiliza como sinónimo abreviado de ‘fiduciario’, anunciándome la prestamista cochabambina que correría con todos los gastos de alojamiento, comidas e imprevistos.
Le entregué mi motocicleta Harley Davidson y partimos raudos hacia la ciudad del Rocha River, llamando a nuestro raid Polleras al viento contra el chanchullo judicial.
Al llegar a la urbe valluna, ella se fue en busca de sus jefes para informarles de lo que había sucedido en La Paz durante los últimos días y especialmente acerca de las recientes sesiones que realizó la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional, Multicolor y Folclórico. Mientras tanto, yo me fui en busca de mis amigos, los pensadores cochabambinos reunidos en el bar Comercio, más conocido como el Barco, que nunca zozobra porque navega en un mar de cerveza cochabambina.
Fui recibido en el comedor especial donde delibera la Academia Pericles, dirigida por mi amigo el filósofo y pensador greco-cochabambino Aristóteles Giorgiadis Quiroga, que luego de saludarme públicamente me preguntó por qué no me hallaba acompañado de mi comadre cochabambina Macacha, respondiéndole respetuosamente que ella vendría pronto para contribuir con sus investigaciones al tema del foro-debate El chanchullo judicial, que hoy preocupa al país y se comenta en todas las ciudades.
El representante del Palacio del Sillpanchu, un importante establecimiento, manifestó a la audiencia que su afamado local no tuvo conocimiento del chanchullo que se realizó en La Paz y pidió a los asistentes no confundir nunca el Palacio del Sillpanchu con Palacio de Gobierno, porque los sillpanchus cochabambinos son transparentes y limpios y no engañosos como los que preparan nuestros actuales gobernantes, que nos quieren hacer tragar gatos por liebres.
Esa intervención fue muy aplaudida y a los pocos minutos hizo su ingreso triunfal mi comadre Macacha, que fue invitada a participar del foro-debate.
Ella confirmó el chanchullo que se utilizó en la Asamblea Legislativa presidida por el cochala Álvaro García Linera, mostrando a continuación una papeleta de votación que se repartió entre los asambleístas masistas donde figuraban solo los nombres de aquellos candidatos que estaban prestos a servir a los intereses oficialistas (aplausos a mi comadre, que ofreció copias de la papeleta obtenida por ella). Intervino uno de mis parientes capinoteños para decirnos que el chanchullo es una vergüenza nacional, pues demuestra que todo estaba ‘cocinado’. Al saber que todo estaba cocinado, abandonamos el local y fuimos a comer unos chicharrones en Quillacollo.
Agradecí su invitación porque a estas alturas del mes mis bolsillos ya están planchados por falta de ‘fidus’, término popular que ella utiliza como sinónimo abreviado de ‘fiduciario’, anunciándome la prestamista cochabambina que correría con todos los gastos de alojamiento, comidas e imprevistos.
Le entregué mi motocicleta Harley Davidson y partimos raudos hacia la ciudad del Rocha River, llamando a nuestro raid Polleras al viento contra el chanchullo judicial.
Al llegar a la urbe valluna, ella se fue en busca de sus jefes para informarles de lo que había sucedido en La Paz durante los últimos días y especialmente acerca de las recientes sesiones que realizó la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional, Multicolor y Folclórico. Mientras tanto, yo me fui en busca de mis amigos, los pensadores cochabambinos reunidos en el bar Comercio, más conocido como el Barco, que nunca zozobra porque navega en un mar de cerveza cochabambina.
Fui recibido en el comedor especial donde delibera la Academia Pericles, dirigida por mi amigo el filósofo y pensador greco-cochabambino Aristóteles Giorgiadis Quiroga, que luego de saludarme públicamente me preguntó por qué no me hallaba acompañado de mi comadre cochabambina Macacha, respondiéndole respetuosamente que ella vendría pronto para contribuir con sus investigaciones al tema del foro-debate El chanchullo judicial, que hoy preocupa al país y se comenta en todas las ciudades.
El representante del Palacio del Sillpanchu, un importante establecimiento, manifestó a la audiencia que su afamado local no tuvo conocimiento del chanchullo que se realizó en La Paz y pidió a los asistentes no confundir nunca el Palacio del Sillpanchu con Palacio de Gobierno, porque los sillpanchus cochabambinos son transparentes y limpios y no engañosos como los que preparan nuestros actuales gobernantes, que nos quieren hacer tragar gatos por liebres.
Esa intervención fue muy aplaudida y a los pocos minutos hizo su ingreso triunfal mi comadre Macacha, que fue invitada a participar del foro-debate.
Ella confirmó el chanchullo que se utilizó en la Asamblea Legislativa presidida por el cochala Álvaro García Linera, mostrando a continuación una papeleta de votación que se repartió entre los asambleístas masistas donde figuraban solo los nombres de aquellos candidatos que estaban prestos a servir a los intereses oficialistas (aplausos a mi comadre, que ofreció copias de la papeleta obtenida por ella). Intervino uno de mis parientes capinoteños para decirnos que el chanchullo es una vergüenza nacional, pues demuestra que todo estaba ‘cocinado’. Al saber que todo estaba cocinado, abandonamos el local y fuimos a comer unos chicharrones en Quillacollo.
Opinión disidente de un ideólogo español contratado por Chavez
Roberto Viciano, un abogado español que según la prensa internacional asesoró a los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Ecuador en sus procesos constituyentes llegó a La Paz y en un seminario con juristas y estudiantes de Derecho sugirió que el nuevo Tribunal Constitucional debe tener un perfil más político que jurídico.
"¿Por qué tienen que ser juristas los que controlen la Constitución Política del Estado?", se preguntó el jurista ante un auditorio plagado de estudiantes de Derecho desde una testera donde también se encontraba el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce (MAS).
Viciano explicó que la legitimidad de la Constitución Política del Estado surge del poder constituyente del pueblo, que "es la intención del pueblo, es decir la intención del poder constituyente".
Por tanto, según Viciano, el texto de la Constitución "expresa la voluntad de la ciudadanía" y "el poder constituido (Gobierno y otras instancias de poder) debe obedecer a la voluntad del pueblo".
"Esa voluntad del pueblo es política y está sobre la voluntad jurídica, que es el poder constituido", dijo Viciano.
Recordó que durante la Revolución Francesa de 1789 se postuló la creación del Tribunal Constitucional, pero persistía "el miedo a los jueces porque eran herederos de la monarquía".
Viciano, según el diario The Washington Post de Estados Unidos, participó junto a otros dos asesores españoles, activamente en los procesos constituyentes de Bolivia, Venezuela y Ecuador.
"Un grupo de tres juristas españoles ha estado detrás de la elaboración de las nuevas constituciones de Bolivia, Ecuador y Venezuela, lo que ha generado controversia", informó The Washington Post.
"Liderados por Viciano, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Valencia, los expertos han influenciado en la concepción, el diseño y la implementación de los textos constitucionales".
La participación de los españoles se refleja en la similitud entre la Constitución venezolana de 1999; la de Ecuador, aprobada el año pasado, y la boliviana, ratificada en enero de este año. Las tres ponen énfasis en la "refundación" de esas naciones para corregir las injusticias históricas, para fortalecer el poder del Mandatario y para enfocar el gasto público en las necesidades sociales de las clases tradicionalmente olvidadas por los gobiernos, afirmó The Washington Post.
En un artículo de 2007, el diario español ABC describió a Viciano como la "materia gris" del Presidente venezolano, Hugo Chávez, y como el "principal ideólogo" de las enmiendas a la Carta Magna de ese país.
Luego que Viciano se quejara, el diario se retractó. Pero un aire de misterio aún rodea el trabajo de este grupo de expertos, que opera lejos del escrutinio público, según asambleístas de Ecuador y Bolivia, informó The Washington Post.
Pero las críticas quizás han sido más fuertes en Ecuador, donde el grupo de españoles trabajó asesorando al presidente de la Asamblea Constitucional, Alberto Acosta, labor por la que recibieron más de $us.120 mil de la oficina del fiscal general, según el diario estadounidense.
Los españoles también entregaron análisis en temas constitucionales como matrimonios entre personas de un mismo sexo, según la página web de noticias Ecuadorinmediato.
Rubén Martínez Dalmau, miembro del equipo de juristas españoles que participó en los tres procesos constitucionales, aseguró a The Washington Post que ellos sólo jugaron un rol técnico, ayudando a los miembros de la Asamblea a "entender cuál sería el resultado si es que ponen una coma en un lugar o en otro, o un artículo en un lugar u otro".
En su ponencia en La Paz, Viciano dijo que la "única manera de salir del excesivo control (constitucional) parece que podría ser la vía que plantea Bolivia (con la elección de magistrados)".
Comentario del editor: los bolivianos Sr. Viciano no somos tontos. En ningún lado se ha podido leer o escuchar que los candidatos a tribunos deben ser “sólo juristas” como usted asegura. Mas al contrario los candidatos y por ende los tribunos deben pertenecer a un tinglado de disciplinas que tienen que ver con la ciencia de las leyes vale decir, filósofos, historiadores, juristas por supuesto, estadistas y hasta teólogos. No que irrita y ha provocado toda una corriente de oposición en contra es la forma de elegir, en lugar de pedir nombres a los diferentes colegios profesionales, a las universidades, a los Foros del Saber, se quiere improvisar y colocar personas sin experiencia alguna, sin ningún mérito profesional reconocido y cuyo único mérito sea pertenecer al partido de gobierno y estarle incondicionalmente sujeto, para domesticar la justicia, subalternizarla y ponerla al ras de los sindicatos y los “movimientos sociales” que actúen según la consigna y sin ningún criterio propio.
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