Ojalá que las autoridades escuchen los contundentes mensajes que la ciudadanía les ha mandado ayer, y rectifiquen acciones que sólo las alejan de ella, incluso de sus bases de sustentación
El momento en que el Presidente del Estado convocó a votar “por el sí” y previó una victoria de más del 70 por ciento en la elección judicial que se realizó ayer, plebiscitó este proceso electoral, y los resultados no oficiales que se conocen dan una contundente victoria al voto nulo y blanco, y si bien falta aún conocer el resultado de la votación en zonas rurales es tal la distancia que difícilmente podrá revertir la tendencia señalada.
La primera de todas las lecturas de esta elección es que la población ha ratificado su plena adhesión al sistema democrático.
Es decir, nuevamente –y pese a la polarización vigente– la gente mantiene su decisión de dirimir divergencias a través de elecciones y no por la vía de los hechos. Esto es más importante aún cuando hay corrientes minoritarias, pero activas, que pretenden reponer el método de la confrontación, como se observó –a guisa de ejemplo– en la violenta represión a la marcha de los indígenas del oriente.
Una segunda lectura es que la ciudadanía no ha caído en la trampa de que es ella la que elegiría a las autoridades del Órgano Judicial. Más allá del discurso oficial, la manera en que el MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aplicó la norma constitucional de elección popular de esas autoridades no ha hecho más que reproducir que sea el sistema político-partidario el que decida quién será autoridad en la justicia, pues fue en la ALP donde se eligió a los aspirantes y se lo hizo –dada la contundente mayoría del MAS– por razones eminentemente sectarias, sin tomar en cuenta otros criterios ni la solvencia jurídica ni ética de los candidatos. Hay que tomar en cuenta que una importante dirigente del MAS sostuvo que de lo que se trataba era de copar el Órgano Judicial para así avanzar en el proceso de cambio. Se trata, pues, de un objetivo que la ciudadanía ha decidido rechazar, evitando que su voto se convierta en un mero legitimador de propósitos autoritarios y sectarios.
También estos resultados son un revés al Órgano Electoral tanto por la indiferencia que ha mostrado en el tratamiento de denuncias sobre diversas irregularidades del proceso electoral, particularmente en el caso de observaciones a los postulantes, como por la insuficiente difusión de información y datos de éstos, a lo que se debe agregar la identificación pública de algunos de sus miembros con autoridades de gobierno, aspecto altamente sensible porque la construcción de un Órgano Electoral independiente ha costado mucho a la ciudadanía para que de un momento a otro sea eliminado de cuajo.
En definitiva, se puede sostener que los resultados no oficiales de la elección de ayer muestran la plena adhesión de la ciudadanía al sistema democrático; su oposición a una elección judicial forzada, sectariamente manejada en la ALP en la selección de los postulantes y erráticamente conducida por el Tribunal Supremo Electoral.
En un sistema democrático serio, lo que correspondería es que las autoridades de gobierno escuchen estos contundentes mensajes y rectifiquen actitudes que sólo las están conduciendo a su alejamiento de la gente, incluyendo importantes sectores de sus bases de sustentación.
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