No puede considerarse legales a quienes han recibido un NO tan contundente en las urnas. La situación se ha trastocado. Morales ha rifado gran parte de su capital… y todavía le quedan tres largos años de gobierno
Nunca antes en nuestra historia electoral se había producido un resultado como el de las elecciones judiciales. Más aún, no es fácil encontrar en el mundo un caso equivalente.
La suma de votos nulos y blancos ha superado largamente la totalidad de los votos válidos. Los votos nulos son equivalentes al porcentaje de votos válidos. El porcentaje promedio de los votos recibidos por los candidatos al Poder Judicial fluctúa mayoritariamente entre el 5 por ciento y el 10 por ciento de los sufragios válidos. Una catástrofe para el oficialismo.
La primera conclusión es que los bolivianos rechazaron el proceso como tal. Lo hicieron por varias razones. 1.- Hacer una elección por voto popular del Poder Judicial, aún en las mejores condiciones de transparencia, demostró su inaplicabilidad. Es imposible elegir a candidatos de cuatro instancias judiciales con un mínimo de elementos de juicio que permitan al elector optar por los mejores. Esto tiene que ver con la naturaleza de los cargos que se eligen, la responsabilidad de su ejercicio y la dificultad de hacer una “campaña” que permita saber porqué unos son mejores que otros. 2.- La preselección de candidatos destruyó de entrada la credibilidad de quienes se presentaron, por la manipulación descarada que hizo el Gobierno en la Asamblea Legislativa. 3.- El Tribunal Electoral es parte de la estructura de control de los cuatro poderes que tiene el Gobierno, lo que le restó a la elección una de sus condiciones básicas, seguridad en el árbitro. 4.- El Gobierno atraviesa un mal momento político. A pesar de ello, el Presidente aceptó el carácter plebiscitario de la elección cuando afirmó que hacía campaña por el voto válido que “ganaría con un 70 por ciento”.
Ahora el Gobierno pretende que se ha producido un “empate”, lo cual nos recuerda circunstancias similares de nuestro pasado democrático, en el que ante la evidencia de la derrota se pretendía salvar la cara con una masiva campaña mediática. Pero la falacia es demasiado grande. No se puede considerar sólo nulos y válidos para la comparación. Nulos y blancos expresan dos caras de una misma medalla. El rechazo a todo el proceso electoral y al Gobierno en el caso de los nulos, y el rechazo a todos los candidatos en el caso de los blancos. La suma es imprescindible porque, de diferente modo, es una aplastante toma de posición ante un despropósito político y, sobre todo, ante la frustrada intención de “legitimar” un Poder a través de una elección que quería lograr la falsa impresión de una independencia de poderes que dados estos resultados, no existirá.
Si el Gobierno actuara con un mínimo respeto al voto popular y a la democracia, dado que el 60 por ciento de los votantes se expresó en contra de la elección, el proceso debiera ser anulado sin mayor discusión. Pero aún eso sería insuficiente. Se debieran cambiar varias cosas. Incluir en el Código Electoral un articulado que establezca explícitamente que cuando se produce un resultado en el que nulos y blancos por separado, o en el que la suma de nulos y blancos es superior al número de votos válidos, la elección (o referendo, o plebiscito) queda automáticamente anulada. Revisar la CPE y revaluar si tiene sentido la elección por voto popular del Poder Judicial, o cuando menos establecer modificaciones al actual sistema de elección, por ejemplo en lo referido a la preselección de candidatos. Considerar la eliminación de la elección directa de Tribunal Agro Ambiental y el Consejo de la Judicatura. Cambiar las características de la campaña electoral.
Finalmente, la lectura política es demoledora para el Gobierno. Se trata de una derrota en toda la línea, la primera que sufre Morales desde 2005. Y que conste, no es la primera en la que asume de modo explícito el carácter plebiscitario de la justa. Es además la tercera factura que el Ejecutivo paga en el último año, las dos anteriores fueron el gasolinazo que obligó al Presidente a echar pie atrás sin atenuantes, y el Tipnis, en el que también y muy a su pesar, Morales tuvo que promulgar la ley de prohibición definitiva de la construcción de la carretera partiendo en dos el Parque Nacional. No parece que los gobernantes aprendan la lección, sólo la presión en las calles (El Alto en el gasolinazo, los indígenas de los llanos y la gran mayoría de la clase media en el Tipnis) los obliga a enmendarse en el error. En el caso de las elecciones judiciales queda todavía camino por recorrer.
A estas alturas ha ocurrido algo muy significativo. La sociedad no está dispuesta a aceptar que el poder por muy legítimo que sea su origen haga cualquier cosa con el mandato que se le ha dado. El “estate quieto” del voto judicial ha sido monumental, sin precedentes, con una fuerza de huracán. Que el Gobierno no se equivoque, podrá insistir tercamente en posesionar a las nuevas autoridades “elegidas”, pero le será imposible darle un viso de legitimidad. No puede considerarse legales a quienes han recibido un NO tan contundente en las urnas. La situación se ha trastocado. Morales ha rifado gran parte de su capital… y todavía le quedan tres largos años de gobierno.
El autor fue Presidente de la República
http://carlosdmesa.com/
El autor fue Presidente de la República
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