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domingo, 30 de octubre de 2011

Carlos Mesa suma su voz a cientos de observadores del mundo entero que ven sosprendidos la manipulación del MAS para interpretar el voto NULO. la mentira sale a flote y ya nadie cree en su palabra

No puede considerarse legales a quienes han recibido un NO tan contundente en las urnas. La situación se ha trastocado. Morales ha rifado gran parte de su capital… y todavía le quedan tres largos años de gobierno
Nunca antes en nuestra historia electoral se había producido un resultado como el de las elecciones judiciales. Más aún, no es fácil encontrar en el mundo un caso equivalente.
La suma de votos nulos y blancos ha superado largamente la totalidad de los votos válidos. Los votos nulos son equivalentes al porcentaje de votos válidos. El porcentaje promedio de los votos recibidos por los candidatos al Poder Judicial fluctúa mayoritariamente entre el 5 por ciento y el 10 por ciento de los sufragios válidos. Una catástrofe para el oficialismo.
La primera conclusión es que los bolivianos rechazaron el proceso como tal. Lo hicieron por varias razones. 1.- Hacer una elección por voto popular del Poder Judicial, aún en las mejores condiciones de transparencia, demostró su inaplicabilidad. Es imposible elegir a candidatos de cuatro instancias judiciales con un mínimo de elementos de juicio que permitan al elector optar por los mejores. Esto tiene que ver con la naturaleza de los cargos que se eligen, la responsabilidad de su ejercicio y la dificultad de hacer una “campaña” que permita saber porqué unos son mejores que otros. 2.- La preselección de candidatos destruyó de entrada la credibilidad de quienes se presentaron, por la manipulación descarada que hizo el Gobierno en la Asamblea Legislativa. 3.- El Tribunal Electoral es parte de la estructura de control de los cuatro poderes que tiene el Gobierno, lo que le restó a la elección una de sus condiciones básicas, seguridad en el árbitro. 4.- El Gobierno atraviesa un mal momento político. A pesar de ello, el Presidente aceptó el carácter plebiscitario de la elección cuando afirmó que hacía campaña por el voto válido que “ganaría con un 70 por ciento”.
Ahora el Gobierno pretende que se ha producido un “empate”, lo cual nos recuerda circunstancias similares de nuestro pasado democrático, en el que ante la evidencia de la derrota se pretendía salvar la cara con una masiva campaña mediática. Pero la falacia es demasiado grande. No se puede considerar sólo nulos y válidos para la comparación. Nulos y blancos expresan dos caras de una misma medalla. El rechazo a todo el proceso electoral y al Gobierno en el caso de los nulos, y el rechazo a todos los candidatos en el caso de los blancos. La suma es imprescindible porque, de diferente modo, es una aplastante toma de posición ante un despropósito político y, sobre todo, ante la frustrada intención de “legitimar” un Poder a través de una elección que quería lograr la falsa impresión de una independencia de poderes que dados estos resultados, no existirá.
Si el Gobierno actuara con un mínimo respeto al voto popular y a la democracia, dado que el 60 por ciento de los votantes se expresó en contra de la elección, el proceso debiera ser anulado sin mayor discusión. Pero aún eso sería insuficiente. Se debieran cambiar varias cosas. Incluir en el Código Electoral un articulado que establezca explícitamente que cuando se produce un resultado en el que nulos y blancos por separado, o en el que la suma de nulos y blancos es superior al número de votos válidos, la elección (o referendo, o plebiscito) queda automáticamente anulada. Revisar la CPE y revaluar si tiene sentido la elección por voto popular del Poder Judicial, o cuando menos establecer modificaciones al actual sistema de elección, por ejemplo en lo referido a la preselección de candidatos. Considerar la eliminación de la elección directa de Tribunal Agro Ambiental y el Consejo de la Judicatura. Cambiar las características de la campaña electoral.
Finalmente, la lectura política es demoledora para el Gobierno. Se trata de una derrota en toda la línea, la primera que sufre Morales desde 2005. Y que conste, no es la primera en la que asume de modo explícito el carácter plebiscitario de la justa. Es además la tercera factura que el Ejecutivo paga en el último año, las dos anteriores fueron el gasolinazo que obligó al Presidente a echar pie atrás sin atenuantes, y el Tipnis, en el que también y muy a su pesar, Morales tuvo que promulgar la ley de prohibición definitiva de la construcción de la carretera partiendo en dos el Parque Nacional. No parece que los gobernantes aprendan la lección, sólo la presión en las calles (El Alto en el gasolinazo, los indígenas de los llanos y la gran mayoría de la clase media en el Tipnis) los obliga a enmendarse en el error. En el caso de las elecciones judiciales queda todavía camino por recorrer. 
 A estas alturas ha ocurrido algo muy significativo. La sociedad no está dispuesta a aceptar que el poder por muy legítimo que sea su origen haga cualquier cosa con el mandato que se le ha dado. El “estate quieto” del voto judicial ha sido monumental, sin precedentes, con una fuerza de huracán. Que el Gobierno no se equivoque, podrá  insistir tercamente en posesionar a las nuevas autoridades “elegidas”, pero le será imposible darle un viso de legitimidad. No puede considerarse legales a quienes han recibido un NO tan contundente en las urnas. La situación se ha trastocado. Morales ha rifado gran parte de su capital… y todavía le quedan tres largos años de gobierno.  
 
El autor fue Presidente de la República
http://carlosdmesa.com/

viernes, 28 de octubre de 2011

confusión de conceptos y ganas de desinformar y contradecir a la realidad. si se sumas válidos y nulos, los blancos se suma al grupo mayoritario y entonces la paliza será doble Sr. Morales. Basta ya dice el pueblo! (Texto de Fides)

El presidente Evo Morales aseguró que los grandes perdedores de las elecciones judiciales del pasado domingo 16 de octubre son los ciudadanos de clase media porque apostaron por el voto nulo provocando que los comicios sean finalmente definidos por los votantes del área rural, que lograron que sean los profesionales indígenas los que se conviertan en las nuevas autoridades del Órgano Judicial.

“Quienes ha dicho al voto nulo o pifiado sólo han perjudicado a la clase media y ahora el Órgano Judicial está de hermanas de apellido Mamani, Quispe, Alarcón, impresionante”, dijo Morales.

El primer mandatario además criticó a los opositores que inicialmente festejaron la victoria del voto nulo y ahora hablan de fraude cuando gracias a la votación rural, son los válidos los que están por llevarse la victoria en las elecciones judiciales.

“Algunos opositores festejaron el triunfo del voto nulo el día domingo en la noche, van llegando votos del campo, de El Alto y el Si gana, ahora dicen hay fraude, yo quisiera que sigan festejando, hermanos es la fuerza del campo, de la ciudad de El Alto, de los vecinos de La Paz, como vamos cambiando por eso muy sorprendido y con semejante campaña por el nulo”, señaló.

Sin embargo Morales reconoció que hubo muchas falencias, entre ellas la falta de información sobre los candidatos y contó que incluso él se sintió confundido cuando vio la papeleta de votación.

“Yo mismo en el Trópico de Cochabamba cuando he visto la papeleta buscaba algunos nombres y no podía encontrar, igual algunos compañeros parlamentarios me preguntaban porque no podían encontrar a la persona que tenían que apoyar mediante su voto”, relató el mandatario.

Juan José Anaya desde LTD hace ver que el resultado de las últimas elecciones muestra el desencanto general hacia E.M. son votos blancos y nulos que superan en mucho a los oficialistas

El resultado de la votación parece estar más ligado a cierto desencanto popular hacia su Gobierno, que a un rechazo deliberado y consciente contra una constitución de por sí bastante ambivalente
Comprender la elección pasada desafía la mente de los estrategas políticos más brillantes. El pueblo acudió a las urnas en masa y los votos nulos y blancos fueron abrumadores (que no son lo mismo pero al caso da igual). Además, el ausentismo rondó por el 20 por ciento del padrón.  ¿Cómo interpretar esta rara conducta?, ¿querrá decir algo?, ¿a quien?
Un axioma elemental de la ciencia política afirma que no es posible atribuir un sentido unívoco a las distintas tendencias manifiestas por el voto en una elección como si la voluntad de las personas y la de los corderos fuera la misma; las causas que motivan una decisión electoral pueden ser muy distintas entre si, aunque el voto sea el mismo... pero sí podemos establecer algunas motivaciones comunes. Sin el afán de agotar el tema a continuación ensayaremos algunas respuestas.
Debemos volver hasta los orígenes de la nueva Constitución Política del Estado. Fue aprobada por amplia mayoría en otra elección, pero esto de por sí no garantiza su idoneidad ni siquiera que la gente conociera su contenido al menos “diagonalmente” antes de emitir su respectivo sufragio. Es más, sí es cierto que el pueblo votó nulo en la elección de jueces porque no tuvo chance para conocer a sus candidatos (como explicó el Gobierno justificando esa rara conducta), con mucha más fuerza debería ser cierto que la gente apoyó el nuevo texto constitucional porque no lo había leído (como parte de los jueces). Peor aún, el Tipnis revela que la misma cúpula gubernamental desconocía sus disposiciones.
En ese orden, asumir que el pueblo apoyó la nueva constitución por la mera simpatía que sentía hacia el discurso político gubernamental y el carisma de Evo Morales en ese momento, resulta más sensato. Sin embargo, todavía hay otras justificaciones oficiales aún más sorprendentes, veamos algunas proferidas por el Ministro de Gobierno (el lunes pasado): “En esta elección, la derecha y la oposición, Doria Medina, Sánchez Berzaín, la gente de Sánchez de Lozada, Manfred Reyes Villa, Juan del Granado, o sea, esa derecha que no quiere a la Constitución y que reniega de ella porque les hemos quitado el cuoteo  para elegir los jueces, esa derecha  ha hecho un trabajo político en contra de la elección; en segundo lugar, nosotros entendemos que ha habido un problema en cuanto a la marcha del Tipnis, una marcha de personas que están ejercitando un derecho, pero que ha perjudicado también la elección judicial y ha tenido su impacto; eso no se puede negar” (por cierto, algo que no hubiese pasado, si nuestros libertarios gobernantes hubiesen leído la constitución).
Luego prosigue el Ministro: “Los medios han martillado permanentemente (en contra de la elección) pero en otros lugares la población ha tenido la oportunidad de discernir y ante todo no ha estado atacada por los medios, como ha estado gran parte de la ciudades y centros urbanos.” Estas últimas hipótesis son algo más complicadas de descifrar… el Ministro ¿trató de decir qué los medios no informen sus barbaridades como informaban antes las barbaridades de los gobiernos neoliberales? (!)
Lejos de eso, el resultado de la votación parece estar más ligado a cierto desencanto popular hacia su Gobierno, acostumbrado ya a mentirnos sin compasión en nombre de los nobles propósitos y a culpar al imperialismo de todos sus desaciertos, que a un rechazo deliberado y consciente contra una constitución de por sí bastante ambivalente y opacada por los embustes de su preámbulo que las grandes mayorías ignoran.
 
El autor es economista
llamadecristal@hotmail.com

domingo, 23 de octubre de 2011

el voto NULO no puede subestimarse fruto de dudas que dejó la forma de llevar el evento lleno de contradicciones. reflexiona OPINION


Meditar. La oposición honestamente debería meditar si tuvo algo que ver con el resultado y los porcentajes del voto nulo en las elecciones del Órgano Judicial.

Los resultados de las elecciones judiciales del domingo pasado deben motivar reflexiones tanto en los niveles de Gobierno como en los de la oposición. En los primeros es saludable un examen de conciencia política y programática y sobre el balance que estas acciones arrojan durante estos años de Gobierno. 

El mismo Defensor del Pueblo ha pedido que el Ejecutivo haga una autocrítica y es lógico porque los resultados del voto nulo y el válido, han creado condiciones sociales y políticas que no pueden soslayarse en sus efectos.

Las elecciones judiciales politizadas con antelación y sus resultados no pueden esquivar la reflexión en ese mismo plano, es decir el político, en sus causas y en sus efectos más inmediatos y a futuro, porque lo que ocurrió en las tres elecciones en las que ganó el partido de Gobierno con más del 50 por ciento y las otras similares con más del 60 por ciento se situaron en escenarios y momentos diferentes a los actuales. Los resultados de las judiciales en lo político no pueden dejar duda sobre una realidad diferente y por ello mismo el Gobierno tiene que tener una lectura serena pero al mismo tiempo oportuna para introducir cambios en acciones políticas, sociales y económicas que los últimos tiempos han estado unidas a situaciones delicadas como el gasolinazo, la marcha por el TIPNIS y la represión policial y otras que han originado el distanciamiento de importantes sectores ciudadanos con el Gobierno.

La oposición, que realiza esfuerzos para capitalizar a su favor el voto nulo de las elecciones judiciales, debe a su vez, esforzarse para realizar una lectura completa del voto ciudadano del domingo pasado. Estos sectores políticos deberían analizar con prudencia, si el voto ciudadano del nulo y de los blancos, son producto de un plebiscito que impulsaron para establecer el nivel de apoyo al presidente Evo Morales.

Una oposición conciente y que pretende retomar el rumbo de un escenario donde ha sido prácticamente borrada del mapa, no puede lanzar proclamas exitistas en relación a un voto electoral que en su origen y consecuencia en las urnas puede tener muchas explicaciones, más allá de las arengas de los políticos opositores y de la campaña ejercitada por el voto nulo. Y esto debería al mismo tiempo servir como una recomendación oportuna para otros actores menores cuyo oportunismo desde los desmembrados movimientos cívicos ya resulta patético cuando no penoso.

El voto nulo del domingo en los porcentajes que se conocen hasta el momento y aún cuando el válido se aproxime, es un voto ciudadano que no puede ser subestimado ni por el oficialismo ni por la oposición que con sólo arrogarse para sí estos resultados, caería en una ofensa al ciudadano, que posiblemente ni siquiera tomó en cuenta la campaña por el No, y por el contrario sí su propio análisis respecto a la selección de los candidatos y a las dudas que le generaron el cambio de un nuevo sistema judicial a partir del voto electoral, a la conducta de candidatos que rompiendo la norma que les prohibía realizar propaganda, la realizaron, demostrando su falta de respeto a la ley o también el propio ambiente político lleno de contradicciones y dudas sobre la gestión gubernamental.

Si el oficialismo debe tener la inteligencia e hidalguía de reconocer sus errores, la oposición debería pensar que su reacomodo en el sistema político electoral, va mucho más allá del voto nulo, porque honestamente deberían meditar si ellos tuvieron algo que ver con él.

jueves, 20 de octubre de 2011

la sabiduría del pueblo califica OPINION porque no se dejó engatusar, la prebenda no funcionó. tiene tono de soberbia el lenguaje de Evo. alguno tendrá que escuchar el mensaje!


Dos más dos es nomás cuatro. Por mucho que se pretendan forzar los resultados, no hay caso. Las matemáticas son una regla exacta. Ciertamente, se puede alegar que cuatro es mucho o es poco. Depende el patrón de comparación. Es lo que se quiere hacer cuando se afirma que si se suman los votos válidos con los blancos los resultados del domingo son positivos. Puede ser cierto, pero es nomás cerrar un ojo frente a la realidad política, que es de lo que reflejan los votos, por encima de las reglas.
Un primer dato es que el número de nulos no tiene precedente. El promedio en el país, que tiene gran experiencia por la cantidad de comicios de los últimos años, gira en torno al cinco por ciento. Y el de los blancos casi igual. Y el nivel de participación en el 2009 fue del 95,4 por ciento, mayor al del domingo. De modo que por donde se mire, la cuestión sale torcida. Y la gente no es estúpida. Ese resultado refleja su pensamiento. O su humor. Hay ocasiones en que los silencios son un grito de rebelión muy fuerte. Lo del domingo, por donde se miren o interpreten los números, es nomás grito de cansancio, estupor y hastío que no se puede dejar de escuchar. Cierto, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Pero aunque sea por instinto de supervivencia, alguien en el Gobierno tendría que escuchar ese mensaje. Y sobre todo analizarlo. Eso al menos aconseja el sentido común.

Pero al margen de que alguien lo escuche y lo analice, hay consideraciones que vale la pena hacer. Propaganda, parafernalia, prebenda o cohesión no cambian la posición del pueblo frente a lo que considera justo o injusto, útil o inútil, verdad o mentira. Engatusar a la gente es perder el tiempo. Y como van las cosas, gastar esfuerzos y dinero inútilmente. Cualquier persona medianamente inteligente, sobre todo si es política, sabe que la prebenda no garantiza lealtad. Ni asegura votos. ¿Cuánto costó, por ejemplo, reunir tanta gente el miércoles antes de la elección en La Paz?. Pero además, ¿a quién se pretendió convencer de que toda esa gente llevada por las buenas o las malas representaba real apoyo al Presidente? El bono de mil bolivianos a los empleados públicos sonó más bien a soborno. Y seguramente hirió la dignidad de muchos que no tienen otra opción que ir a gritar consignas en las que no creen porque necesitan trabajo. Con toda la experiencia que seguramente tiene, vamos a suponer que el Presidente olfateó que algo andaba mal, aunque pronosticó un triunfo con el 70 por ciento. Tal vez por eso ofreció hacer una nueva agenda, ahora también con sectores ajenos a los de su entorno. Pero mal camino transita cuando el anuncio tiene tono de soberbia y tozudez frente al mensaje que, por fortuna, todavía sale de las urnas. Sobre todo si pretende que ésta que anda mal se considere primera gestión para proyectarse a la segunda, como dijo alguna vez.

miércoles, 19 de octubre de 2011

las minorías que representan las naciones originarias merecen un blindaje ante la Ley para que sus derechos como en el caso del TIPNIS no sean conculcados. Lisandro Coca, LT


Fui uno de los críticos del hecho de que se le diera a esa categoría inventada (indígena originario campesino) derechos especiales por encima del resto de los ciudadanos, partiendo del principio de igualdad ante la ley, que debe regir dentro de las sociedades modernas.
Sin embargo, una de las virtudes que los seres humanos debemos tratar de cultivar es la de ser capaces de evolucionar nuestras ideas, y no mantenerlas anquilosadas en torno a un conjunto de hipótesis que, al no cambiar ni un ápice, terminan por convertirse en dogmas casi religiosos.
Mi reflexión parte de varios hechos surgidos en torno al problema del Tipnis. Hablamos de un conjunto de comunidades indígenas que sobre la base de largas y duras luchas, han podido conquistar una serie de demandas sin las que se habrían visto avasalladas por la mayoría de los bolivianos y sus intereses.
En primera instancia, el año 1990 logran arrancar del Estado el reconocimiento de su territorio, otorgándoseles un título de Tierra Comunitaria de Origen, que coincide con el territorio del Parque Nacional Isiboro Sécure. Posteriormente, logran que se constitucionalice su calidad de “naciones”, incorporándose un conjunto de derechos, entre los que se destaca el de la autodeterminación, y ampliándoseles la representación política a través de la creación de representantes específicos, nombrados en sus comunidades a través de usos y costumbres.
Bien, el hecho es que en las últimas semanas se ha demostrado que nada de esto es suficiente. Cualquier burócrata con un proyecto de carretera puede llegar y pasar por encima de títulos de propiedad colectiva, derechos y representantes, sin que parezca ni por asomo, que las luchas de estas naciones indígenas han llegado finalmente a buen puerto.
Mi error, entonces, ha sido partir del discurso del oficialismo, que afirmaba que los indígenas en Bolivia son mayoría (entre otras cosas, gracias a los datos amañados del último censo) y que, siendo mayoría, se les pretendía otorgar ciertos privilegios. Visto así, por supuesto que no tenía lógica ¿Dónde se ha visto que las mayorías requieran de discriminación positiva o derechos especiales? Una mayoría es perfectamente capaz de elegir a los gobernantes que mejor representen sus intereses; por lo tanto, no tenía sentido darle tales derechos a esa supuesta mayoría indígena.
Vistas las cosas hoy, constatamos que la categoría “indígena originario campesino” nos hizo perder de vista el hecho de que de entre todos los grupos humanos que se adscriben a ella, existen algunos que efectivamente son minorías y que bien merecerían algún tipo de legislación específica que los proteja a ellos y a sus formas de vida (en suma, a vivir de la manera en que ellos elijan libremente), de la mayoría abrumadora que somos los no indígenas, que podríamos, apelando a nuestros propios intereses o al clásico pretexto de las imposiciones llamado “bien común”, vulnerar la voluntad de estas personas.
El error, entonces, que rectifico hoy, es el de haber previsto las consecuencias de los derechos de los artículos 30, 31 y 32, con base en la demagogia oficial que mezclaba a quienes verdaderamente los requieren, con quienes no los merecen (cocaleros por ejemplo), y abstraerme de la identificación de las naciones minoritarias que sí requieren de una suerte de blindaje contra posibles arbitrariedades de la mayoría.
Creo que ese capítulo cuarto se debe mantener, pero eliminando los términos “originario campesinos” y poniendo únicamente “derechos de las naciones y pueblos indígenas”

El autor es analista político
www.lizandrocolmos.com

martes, 18 de octubre de 2011

La Prensa se tomó 48 horas antes de opinar sobre la elección de tribunos y enumera las causas para que en masa los ciudadanos votaran por el NULO, expresando de este modo su disconformidad con una elección que le impuso el MAS a la fuerza. el hecho vendrá a cobrar relevancia política innegable

La falta de información sobre el proceso electoral, la ausencia de conocimiento real, claro y objetivo acerca de los méritos académicos, laborales y otros de los candidatos, la carencia de razón sobre aspectos personales que pueden tener relevancia, la ignorancia sobre los deméritos de los mismos, la prohibición de realizar cualquier tipo de campaña directa o indirecta de los postulantes a los principales cargos del Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, principales instituciones del Órgano Judicial del Estado, han tenido como consecuencia los resultados, si bien preliminares, de los comicios llevados adelante el pasado domingo 16 de octubre de 2011. Resultados que se debieron en esencia, a las propias restricciones y limitaciones impuestas adrede por el partido de turno. La Ley del Régimen Electoral, aprobada por el rodillo parlamentario del Movimiento al Socialismo (MAS), transgrediendo seguramente derechos fundamentales de los votantes, ha constituido el instrumento jurídico que en el fondo ha malogrado la finalidad o la génesis de estas elecciones, toda vez que esta norma ha prohibido expresamente a los medios de comunicación, a los candidatos y a terceros, dar a conocer a favor de los bolivianos —como corresponde o como debería corresponder a todo sufragio democrático— información genuina concerniente a los postulantes a estos importantes cargos de la justicia nacional. La citada Ley ha circunscrito la campaña comunicacional a la discreción y voluntad, prácticamente con exclusividad, del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), cuya idoneidad e imparcialidad ha sido puesta en duda desde el inicio de las elecciones.
Sin duda, ésta ha sido una elección histórica, inédita y sin precedentes. Habrá que preguntarse, sin embargo, qué ha sido lo verdaderamente inédito y sin precedentes de la misma. Preguntarse si este adjetivo puede aplicarse a la delegación a favor del pueblo, de la elección de sus máximos magistrados, como determina la Constitución Política del Estado o a la carencia total de información para el votante. Esta interrogante fue contestada fehacientemente en las urnas, donde el resultado —hasta ahora— ha dado una amplia victoria a los votos nulos frente a los votos válidos.
Lo que corresponderá evaluar ahora es la legitimidad de las actuaciones procesales, de control de constitucionalidad, de las garantías constitucionales y otros de estos nuevos magistrados, más allá de la legalidad de la elección. Evaluación que, además, debería realizarse antes de la posesión de dichos cargos. Si más del 50 por ciento del país se ha opuesto, a través del voto nulo o el voto en blanco, a este proceso electoral, aspecto que tendrá que confirmarse el 29 de octubre del año en curso, cuando el OEP entregue los resultados finales, el Gobierno y sus autoridades tendrán que considerar este hecho que adquiere relevancia en lo político y en la aceptación social.